La CCES se reunió con la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña por la ley 341El martes 24 de junio la CCES (Comisión de Control, evaluación y seguimiento de la ley 341) se reunió con los integrantes de la Comisión de Vivienda de la Legislatura. En el encuentro participaron además de la CCES, cooperativas, mutuales, asociaciones y organizaciones sociales de la ciudad de Buenos Aires.
La semana previa a la reunión con la Comisión de Vivienda de la Legislatura, la CCES entregó un documento que sirvió de base para el debate en los grupos de trabajo que se formaron el martes 24 en el salón Montevideo de la Legislatura porteña.
En dicho documento la CCES denuncia y propone:
Denunciamos la grave situación en la que nos encontramos, debido al incumplimiento por parte del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), de la Ley 341 (2000) y su modificatoria 964 (2003), que fueron sancionadas con la finalidad de permitir a los vecinos de la ciudad en situación de emergencia habitacional, acceder a créditos hipotecarios para la realización de sus viviendas ùnicas y definitivas, organizados colectivamente o de manera individual.
Desde la sanción de estas leyes, la ciudad nunca aplicó los fondos necesarios para poder llevar a cabo realmente la operatoria, de hecho a medida que aumentaban las solicitudes de créditos disminuían los presupuestos elevados a la Legislatura de la Ciudad para encarar los ejercicios entrantes.
Esta situación llevó a que en la actualidad sean más de 400 las organizaciones inscriptas para la solicitud de créditos, que nuclean a más de 8.000 familias, y que en los 8 años de existencia del IVC (ex CMV) sólo se hayan realizado 5 proyectos que llegan a cubrir a 350 familias.
Cabe recordar, que el 31/10/05 la operatoria fue cerrada arbitrariamente -dado que es una ley y no se encuentra derogada-, no permitiendo la inscripción de nuevas entidades, ni la presentación de inicios de proyectos de las organizaciones ya inscriptas, Además que, desde el cambio de reglamentación (que modifica el nombre del Programa de Autogestión para la Vivienda – PAV - a Programa de Autogestión para el Desarrollo del Hábitat Popular – PADHP-) la autogestión quedó solamente en el nombre, porque a partir de ese momento lo poco que se pudo efectuar fue la compra de 14 terrenos que están hace más de 19 meses sin poder ni siquiera avanzar en la etapa administrativa y de presentación de planos, dado que ahora el IVC es propietario de los terrenos y no ha efectuado aún los trámites que le competen.
Situación que se agrava con la amenaza chantajista del IVC, protegida por una reglamentación que viola y desvía el espíritu de la Ley 341, y que, de no firmarse un convenio no estarían incluidas las cooperativas en la etapa de comienzo de obra.
Durante estos 8 años se han comenzado 32 obras que no pudieron terminar en tiempo y forma las planificaciones exigidas por el IVC por falta de fondos, los cuales se supone al momento del otorgamiento de los créditos deberían estar a disposición de las entidades en su totalidad, cosa que nunca sucedió puesto que nunca existió previsión por parte del Ejecutivo, lo cual señala la falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público.
Se han comprado además 62 terrenos, estos también con un crédito ya otorgado a las organizaciones y, obviamente también, sin poder iniciar las obras puesto que tampoco el Gobierno de la Ciudad previó la disponibilidad de los fondos para poder llevar adelante las construcciones.
Por esta razón, la gestión anterior -no por ser amables sino por conveniencias políticas- antes de abandonar el barco comenzaron gestiones con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación para conseguir fondos a aplicar en estos proyectos que ya contaban con el terreno comprado, sugestivamente hoy en día el ex Presidente del IVC es quien maneja esos fondos desde la Dirección Nacional de Inclusión Habitacional y Urbanismo de Nación, dicha petición fue efectuada el 24/4/07 y hasta hoy nunca fue destinado dinero alguno para aplicar a estos proyectos. Ante nuestra solicitud de explicaciones sobre la falta de respuestas sobre estos fondos, desde Nación respondieron por escrito que:
"Ante el cambio de autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la nueva gestión del Instituto de la Vivienda de la Ciudad no ha presentado a la fecha ningún elemento para la prosecución de la gestión del trámite, siendo requisito indispensable para el diligenciamiento de la financiación de los proyectos mencionados (No Objeción Financiera)".
Dichos fondos son en carácter de subsidio para la Ciudad de Buenos Aires, teniendo ésta que complementar las cifras con fondos propios, los cuales no han previsto nunca en sus presupuestos anuales, negando así la posibilidad de proporcionar soluciones habitacionales para mas de 1500 familias.
Lamentablemente esta no es toda la problemática, lo más grave de todo es que desde la asunción de Macri, no sólo se continúa con el mismo accionar de las gestiones anteriores, sino que además afirman, sobre el presupuesto otorgado para este año, de 35 millones de pesos (19
millones para créditos individuales y 16 millones para la operatoria colectiva, decidido de forma unilateral y arbitraria por el IVC) serán solamente destinado a la culminación de "algunas" de las obras en marcha, que alcanzaría para terminar no más de 8, no pudiéndose de esta manera, proseguir con las otras 23 obras comenzadas; ni se iniciarán obras; ni se comprarán nuevos terrenos para las más de 290 organizaciones que con el transcurrir del tiempo, ven como los precios de la tierra en la Ciudad van en constante aumento y haciéndose cada vez más lejana la posibilidad de poder adquirir los terrenos contando solamente con el 20% de la sumatoria de los créditos de los asociados para poder hacer viable el proyecto, los cuales son de 97.500 pesos por grupo familiar y con ello debemos concretar la compra del suelo, el pago de las construcciones y los servicios profesionales utilizados.
Llevarlo a cabo es posible, de hecho hay 5 ejemplos, pero no es negocio, y por eso hay poco interés en que realmente funcione. Es más cuando nosotros podemos llevar a cabo nuestros proyectos con esos montos, ellos en las operatorias en las que construyen y contratan mediante licitaciones ponen en los pliegos que son necesarios para la viabilidad de los proyectos a encarar 150.000 pesos sólo para la construcción (dado que las tierras no son compradas con esos créditos), según dijo el Presidente del IVC Ing. Roberto Apelbaum el día lunes 5/5/08 en la Legislatura de la Ciudad sobre los créditos a otorgar a los beneficiarios del Programa Casa Amarilla. Es más, esos dichos fueron reproducidos en una convocatoria que le hiciera la Legislatura al funcionario a raíz que el IVC solicita se modifique la ley 1.251, ley por la cual se dio creación al IVC y se le otorgaran las competencias. En el mismo discurso dio a entender que, además de solicitar el traspaso de las operatorias de las diferentes villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios que posee la ciudad en su parte sur (Villa 20, 19, 17, 15, 13 bis, 3, 6, 1-11-14 y N.H.T Zavaleta), lo que vaciaría de fondos al IVC para este ejercicio en curso ya que traspasaría conjuntamente con las competencias, 200 millones de pesos, y hay que considerar que de los 474 millones otorgados para el presente ejercicio, 2008, que representan el 4% del presupuesto total de la ciudad, corresponden a los créditos de la Ley 341, 35 millones cuya participación en el total del IVC es del 8% y esta cifra reflejada en el presupuesto total de la Ciudad es el 0,274%, de los cuales obviamente hay que descontar los sueldos del organismo, tema que ya fuera reflejado por los medios de comunicación donde se dio a conocer además el hecho de la creación del doble de gerencias que tenía el Instituto hasta la fecha y por lo tanto la cantidad de sueldos que fueron duplicados o triplicados con esta situación, situación que no estuvo contemplada al momento de que la Legislatura votara el presupuesto para este ejercicio y que obviamente tienen que descontar de los programas; modificarían algunas de las competencias y funciones a futuro del organismo, lo que lo llevaría a actuar casi como lo hace la banca privada, dejando por fuera a la gran mayoría de los ciudadanos de clase media y baja con problemas habitacionales.
Este intento de avance sobre los derechos de los habitantes de la ciudad, se manifiesta hoy con la novedad, que nos llena de sorpresa e indignación, sobre la decisión de ceder los predios del ex PADELAI, inmueble propiedad de la primer emblemática cooperativa de vivienda de la Ciudad, que con trámites burocráticos oficiales despojaron del inmueble a sus legítimos propietarios, con el único fin de desarrollar proyectos faraónicos que imitan ejemplos de otros países y que conllevan a expulsar de la ciudad a los sectores de menores ingresos, sectores protegidos por la ley y la Constitución Nacional y de la Ciudad.
En el marco del intento de modificación de la Ley 1.251 y la Ley 470, que deriva responsabilidades del IVC a la Corporación del Sur sobre las villas, no se entiende cómo por otro lado se convoca a un plebiscito para que la ciudadanía exprese su conformidad con respecto a la urbanización de las villas, si el mismo ejecutivo está proponiendo estas modificaciones con la finalidad de llevar a cabo estas urbanizaciones. Entonces, ¿para qué convocar a un plebiscito si las modificaciones a estas leyes son precisamente para urbanizar, o esconden otra intención?
Estos argumentos de "facilitar y acelerar" son como los utilizados en su momento por la anterior gestión del IVC para modificar la reglamentación de la Ley 341 que saca toda responsabilidad de las cooperativas para el logro de la vivienda negando el concepto madre de dicha Ley, que es la "Autogestión".
El mismo marco que encubre que sobre los terrenos de las avenidas Varela y Cruz, que fueran expropiados por el gobierno y puestos bajo la órbita del IVC, con el fin de llevar adelante un emprendimiento habitacional que solucionaría la problemática de miles de familias, a la fecha no ha sido ejecutada ninguna clase de obra. Exigimos, para que esto no derive en otro gran "negocio inmobiliario", el cumplimiento efectivo de la ley.
Por todo esto exigimos
La intervención del cuerpo de la Legislatura de la Ciudad para detener el avance de la actual gestión sobre los derechos y beneficios detallados en la presente, los cuales están enmarcados en las leyes vigentes y constituciones, nacional y de la ciudad.
Rechazamos la cesión del predio perteneciente a la cooperativa del ex PADELAI.
Inmediata apertura del Programa.
Compra de Terrenos, dando prioridad a las cooperativas que han presentado proyectos que cayeron por las demoras burocráticas del IVC.
Traspaso del Título de Propiedad de los 13 Terrenos que se encuentran a nombre del IVC a las Organizaciones.
Pago de las Certificaciones de las Obras que se encuentran en marcha y que no se encuentran dentro de las elegidas a dedo por los funcionarios.
Fondos necesarios para el inmediato lnicio de Obras.
Adjudicación Efectiva de Créditos Individuales.
Activación del Programa de Vivienda Transitoria.
Efectivo Funcionamiento del Banco de Inmuebles, que sea puesto a disposición de las cooperativas sin terrenos.
C.C.E.S. – Comisión de Control Evaluación y Seguimiento Ley 341
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